Cuando comencé a estudiar derecho en la universidad recuerdo que una de las primeras lecciones que me dieron consistía en la separación de la moral y el derecho. El profesor estaba decidido a hacer que entendiéramos que la moral, entendida como todas aquellas prácticas sociales tanto negativas como positivas, no debía interferir en nuestra percepción del derecho.

De esta manera se encargó de explicar que las leyes jurídicas y las leyes morales, a pesar de guardar una ilusoria relación, no debían ser consideradas como una misma cosa. Pues no todo lo inmoral es ilegal, y no todo lo ilegal es inmoral.

Esto, para mí, representa un problema. Verán, si las leyes no se sostienen bajo las bases de la moral del pueblo que debe acatar dichas leyes, entonces, lo único que hace que las leyes se cumplan es la fuerza, y más precisamente, la fuerza del Estado que ha dictado las leyes, razón por la cual las leyes se vuelven meramente un instrumento para gobernar por la fuerza sobre el pueblo.

Fijémonos en esto, personalmente tengo mucho tiempo criticando el tamaño del Estado y las legislaciones que este ha hecho durante varias décadas en mi país. En Venezuela el tamaño del Estado es enorme, sobre todo en el sector económico, donde existen regulaciones que establecen, desde el Estado, los precios de los productos, donde existe prohibición para comerciar con monedas extranjeras, donde no se puede transportar diversos productos con libertad aún dentro del territorio nacional, entre muchas otras regulaciones, no obstante, todas las regulaciones no han impedido que las personas vendan productos al precio que desean, tampoco ha hecho que no se transporten productos, y mucho menos que se comercie con moneda extranjera, las personas siguen haciendo todas estas cosas, pero esta vez, de forma ilegal.

¿Qué significa esto? Bien, en primer lugar, lo que esto quiere decir, es que el comportamiento de las personas no es autorizado por el Estado y que este tiene la facultad de usar la fuerza para reprender dichas acciones, sin embargo, a juzgar por los hechos, el Estado no tiene la capacidad o la voluntad de hacer que la ley sea cumplida por la fuerza. En segundo lugar, se genera una descoordinación en el comportamiento de las personas que participan en la sociedad, ya que algunos deciden acatar la ley de forma voluntaria y otros no, y como los que no deciden acatar la ley de forma voluntaria han encontrado la forma de evadir la fuerza del Estado, existen dos tipos de personas, los legales y los ilegales, es decir, dos tipos de comportamientos colectivos distintos dentro de una misma sociedad, en el que unos tienen, visto desde el punto de vista más pragmático, privilegios sobre los otros.

Este tipo de situación sería imposible en una sociedad subordinada a una ley moral, pues a diferencia de las leyes meramente jurídicas, donde ejercen presión exclusivamente el Estado, en las leyes morales ejerce presión todo el cuerpo social.

Las leyes morales no son tan fácilmente quebrantadas como lo son las leyes meramente jurídicas, de allí a que un comerciante pueda vender un producto a un precio más alto que el determinado por el Estado sin menor problema, pero que a su vez, no pueda robar, matar o violar sexualmente a otro ciudadano. Aunque es cierto que estos últimos tres actos descritos son ilegales, no es esta la razón por la cual las personas no lo hacen de forma generalizada. Las leyes meramente jurídicas, es decir, aquellas que carecen de peso moral en la sociedad, pueden ser vulneradas sin que las personas se revelen totalmente contra el comportamiento de quien quiebra la ley, esto es debido que la ley dictada por el Estado no es una expresión propia del pueblo, en su lugar, una ley moral no puede ser quebrantada públicamente sin recibir una especie de castigo social.

Si hay sintonía entre la ley moral y la ley jurídica, todo el organismo social va a proceder de forma armoniosa, de tal manera que es imposible que los individuos deseen no acatar la ley de forma generalizada, y en segundo lugar, sería igualmente imposible que quien no acatara la ley no fuese sancionado por ello.

De aquí nace un problema, pues para que esto que describo sea posible, la moral debe ser una sola, es decir, no puede existir una diversidad moral. Dos entidades morales no pueden convivir juntas, o no por mucho tiempo. Si la ley jurídica está en consonancia con la ley moral, ninguna persona, o grupo de personas que no compartan la moral puede formar parte del colectivo sin generar problemas, al no estar sujetos a la misma ley moral que el resto, o se tienen privilegios con respecto a la norma predominante, o se obtiene opresión y subordinación a la moral ajena.

De allí a que posterior a la Revolución Francesa, el liberalismo, al reafirmar al individuo frente al colectivo, también haya establecido la secularización del Estado y separado la ley moral de la ley jurídica, lo que parecía ser un gran avance, ya que no se juzgaría como ilegal a quien no compartía la misma idea de moralidad que el resto de la sociedad, por lo tanto, de allí también deriva la defensa de la libertad expresión y los otros conceptos que permiten a las personas, como individuo, actuar de forma adversa a las prácticas morales de la sociedad, sin embargo, esto trae consigo otro problema social, esta idea de individualidad también crea un escenario en el que la moral se va dividiendo hasta el punto el que no existe tal cosa como una moral común, todo resulta relativo, la moral de un individuo, entonces, es diferente a la de los otros miembros de su familia, a la de sus vecinos, y al del resto de los individuos, ligeras variaciones en lo que cada uno considera negativo y positivo termina haciendo que no podamos decidir colectivamente que cosas están bien y que cosas están mal.

La sociedad ya no comparte una moralidad, por ende, la ley jurídica nunca va a poder emanar del pueblo sino de la autoridad, haciendo que la fuerza sea lo único que permita que ley dictada por el Estado no sea rechazada por el pueblo. Así, un elemento externo a la voluntad del pueblo termina gobernando sobre él meramente mediante instrumentos de coerción.

Como vemos, un escenario donde la ley moral impere en la sociedad no deja al individuo espacio para actuar por fuera del rango determinado por el colectivo, no obstante, la ley meramente jurídica no es armoniosa con la sociedad y emanan meramente de la autoridad del Estado y de la fuerza que este posee.

¿Qué no hay una forma en la que el individuo pueda pertenecer a una sociedad y a su vez ser moral y jurídicamente libre?

Pienso que lo primero que debería hacerse es descartar la idea de una ley meramente jurídica, históricamente la moralidad precede al Estado, aunque sea en la forma en la que lo conocemos hoy, por ende, la ley moral, en su origen más puro, no surge de la imposición de una autoridad, sino de la relación de los ciudadanos entre sí, es decir, los individuos tuvieron que tener una escala de valores más o menos similares para poder unirse en primera instancia. En consecuencia con esto, no debería existir ningún problema para un individuo si voluntariamente decide adaptar una moralidad y así pertenecer a una sociedad ajustada a una ley moral y no jurídica, de tal forma que toda ley que emane en dicha sociedad este en armonía con el individuo por lo que este la acatara, sin embargo, al individuo adoptar voluntariamente esta moralidad tampoco se le es impuesto ningún ideal sobre su cabeza, por lo que sigue conservando su libertad.

En conclusión, la ley no debería tener su justificación en la fuerza de una autoridad, sino en la moral del pueblo, de lo contrario la ley solo sería acatada mediante la fuerza, y en consecuencia el pueblo pierde su libertad. Para que la ley pueda emanar de la moralidad del pueblo, en primer lugar debería existir una sola moral, dos moralidades diferentes no pueden vivir bajo una misma ley, de ser así, o se tiene la ley ajustada a una moralidad, o se tiene una ley ajustada a la otra moralidad, o en su defecto, se tiene una ley meramente jurídica y que no responde totalmente a ninguno de las dos, por lo que la fuerza de la autoridad es necesaria para hacer que las personas la acaten. Aun en el caso de que exista una sola moralidad general, esta no debe ser impuesta al individuo, sino que el individuo debe aceptarla voluntariamente, de lo contrario, el individuo pierde su libertad.

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