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escribo estas primeras líneas cerca de la medianoche del miércoles 23 de enero. La velocidad con la que se suceden los hechos obliga a ordenarlos. En la ruleta de la historia, hay truhanes apostándole fuerte al caos y a la desmemoria.

Afuera, la violencia es un rumor lejano. Ese rumor ha vuelto a instalarse entre nosotros desde el día lunes: al llamado de un pequeño grupo de efectivos de la Guardia Nacional a desconocer al Presidente Nicolás Maduro, ocurrido durante la madrugada, le han seguido varios focos de violencia en el oeste de la ciudad, en horas de la noche. Catia, El Valle, La Vega, La Pastora: todas parroquias populares.

El martes por la mañana, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, escribía en Twitter que las protestas en el oeste de Caracas demostraban “que no hay talanqueras que saltar. Aquí todos quedamos en el mismo corral: sin luz, sin agua, sin medicinas, sin gas y con un futuro incierto” (1). Pronto quedaba muy claro que se trataba de una estrategia: a diferencia de 2014 y 2017, cuando la violencia se expresó fundamentalmente en los territorios controlados por el antichavismo, casi siempre zonas acomodadas, en esta oportunidad se concentrarían en las zonas populares, al menos en una fase inicial. En efecto, durante la noche no se presentó un solo incidente en el este de la ciudad, y recrudeció la violencia en el oeste, más o menos en los mismos lugares de la jornada previa.

El mismo martes, Mike Pence, Vicepresidente estadounidense, se refería al Presidente Maduro como “un dictador sin derecho legítimo de poder” que “nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa”, y expresaba su apoyo a las intenciones de Guaidó de “declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición”