HALLAZGOS ESPELUZNANTES : “CADÀVERES ENTERRADOS”
El hallazgo de 33 cuerpos cuyos despojos fueron encontrados en fosas clandestinas ubicadas en el Municipio de Jalisco estado de Nayarit, trascendió mediáticamente a todo el mundo y es un fenómeno impactante que no han logrado controlar y que se sigue dando de una manera reiterada; Es lamentable que casi la mayoría de estados de la República Mexicana se encuentren plagados de fosas clandestinas que tienen su origen en la desaparición forzada de personas sin que el gobierno federal de respuesta concreta a esta incidencia delictiva generalizada en la cual no participa el estado directamente en la investigación sino que son los mismos familiares y amigos de las personas desaparecidas , los que se han organizado desde hace tiempo en grupos para de una manera rudimentaria realizar la búsqueda de sus familiares a sabiendas que lo único que pueden encontrar son restos o despojos y que difícilmente podrán encontrarlos con vida.
Este comportamiento desviado tipificado como delito federal y que ha tenido algunas reformas recientes, no es nuevo; pero a estas alturas ha superado los límites de la tolerancia con la localización en fosas clandestinas en el estado de Nayarit, localización realizada por integrantes del colectivo familias unidas por Nayarit, que hacen el trabajo que le corresponde al estado en la búsqueda de sus seres queridos. Como ya manifesté hace unos días, este grupo recibió unas llamadas anónimas informándoles una zona geográfica en donde se desprendían olores fétidos que talvez pudiesen ser de cadáveres de personas desaparecidas.
El grupo realizó por su cuenta excavaciones con palas y picos y con objetos rudimentarios, lo que dio como resultado el encuentro de una fosa clandestina, encontrada en la comunidad de Pantanal municipio de Jalisco estado de Nayarit; entre unos cañaverales y así sucesivamente continuaron buscando con el “auxilio” de corporaciones policiacas y lograron descubrir diversas fosas clandestinas con cuerpos en estado de descomposición, por lo cual se procedió al trabajo pericial correspondiente por parte de la policía científica federal, que tiene competencia para la identificación de despojos hallados en fosas clandestinas, por ser el delito de desaparición forzada de personas de índole federal y porque la procuraduría cuenta con el equipo más sofisticado para la localización de fosas clandestinas; sin embargo, siempre trabajan cuando reciben información del grupo de integrantes del colectivo familias unidas por Nayarit o por otros grupos de otros estados, de cada uno de los cuerpos localizados se obtuvieron muestras para el proceso de identificación mediante el análisis genético de laboratorio. Según los expertos que de acuerdo al estado de descomposición de los cadáveres, estas personas fueron privadas de la vida hace aproximadamente cinco o seis meses.
Cabe destacar que en los procesos de identificación están colaborando antropólogos de los Servicios Periciales y de la Procuraduría General de la República, quienes tienen competencia y la obligación de investigar y esclarecer estos ilícitos y dar respuesta a las voces de protesta y de denuncia de familiares de cientos de desaparecidos en todo lo largo y ancho de nuestro país; no debo dejar de mencionar que al parecer en todos los estados se han organizado grupos de personas para ir en busca de la localización de restos o despojos de familiares desaparecidos.
Este fenómeno ha trascendido a nivel mundial hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en el norte de Sinaloa existen grupos de mujeres llamadas “las rastreadoras”, que han logrado localizar un gran número de cuerpos en fosas clandestinas; no obstante el escaso apoyo del gobierno del estado, ante estas circunstancias algo se debe de hacer, establecer estrategias y mecanismos de política criminológica tendientes a controlar este tipo de ilícitos de “lesa humanidad” y no nada más legislar adicionando y reformando tipos penales relacionados con estos hechos que no es más que una prevención primaria que no le cuesta al gobierno federal ni estatal; porque no es adicionando y reformando leyes o aumentando las penas como se va a disminuir la comisión de estos delitos de alto impacto, que han rebasado los límites de la tolerancia y que no deben seguirse dando en un estado democrático de derecho como el nuestro.
