Survivor
Un deterioro lento y progresivo del aparato económico, así como de la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población, pone en peligro la supervivencia de los venezolanos, especialmente del 51% que forma parte de los estratos en mayor pobreza. El gobierno ha sido rebasado en su capacidad para hacer frente a este escenario, por lo que será inminente aceptar la cooperación internacional si se quiere impedir mayor sufrimiento, señalan los expertos. Más de 4 millones de personas sin acceso a medicamentos, 1 millón de niños menores de 3 años que no se alimentan como requieren, el incremento de las cifras de mortalidad materna e infantil y los desplazamientos masivos en las fronteras son evidencia de una crisis que el gobierno niega
Hundidos en profundas crisis económicas, políticas y sanitarias o arrasados por la violencia, 17 países requerirán de la asistencia de la comunidad internacional en 2018. Venezuela es la única nación latinoamericana que integra esa lista, en la que figuran en su mayoría países de África y de Medio Oriente, como Libia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Afganistán, de acuerdo con un reporte que fue presentado a principios de mes por la organización no gubernamental Acaps, especializada en el análisis de los escenarios que caracterizan las emergencias humanitarias.
En el caso venezolano, la ONG basa su diagnóstico en un repaso de los hechos acaecidos en 2017, un cocktail explosivo en el que convergen la hiperinflación, la caída de los ingresos económicos, la restricción de acceso a los servicios básicos, la erosión de las instituciones democráticas y la represión contra las protestas públicas. Para el año próximo, la supervivencia de la población se verá aún más comprometida, señalan, debido a la descomposición de las instituciones del gobierno, el empeoramiento de las condiciones económicas y la creciente inseguridad.
Mientras el deterioro se agrava y se hace evidente para los observadores, el gobierno de Nicolás Maduro sigue empeñado en no reconocerlo. "Venezuela es un país pujante, trabajador, no es un país de mendigos como han pretendido algunos con aquello de la ayuda humanitaria", dijo el mandatario durante una emisión reciente de su programa televisivo dominical.
La especialista en gestión alimentaria Susana Raffalli, asesora de Cáritas de Venezuela, corrige el equívoco: cuando se habla de acción humanitaria no se está hablando de limosnas ni tampoco de solidaridad, sino de un cuerpo de conocimientos y actuaciones que debe activarse cuando se producen daños masivos a la salud y la integridad de la población y se pierden vidas humanas.
"La crisis alimentaria pasó a ser una crisis humanitaria cuando se murió el primer niño por desnutrición", puntualiza. En este momento, en la escala de criterios que definen este tipo de situaciones, el país ha pasado de la crisis a la emergencia humanitaria, que se caracteriza porque, además, el Estado perdió la capacidad para dar respuesta y asistir a los afectados, lo que hace apremiante la ayuda internacional.
Raffalli indica que un dato que sirve como termómetro de la intensidad de lo que ocurre es la rapidez con la que han empeorado los indicadores. "El monitoreo centinela que realiza Cáritas muestra que tenemos 15,7% de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, pero lo peor es que en octubre había 8%, es decir, que se duplicó la cantidad de niños en estas condiciones".
Problema complejo. El hecho de que los actores gubernamentales nieguen sistemáticamente el grave deterioro de las condiciones de vida de la población le da a la situación venezolana nombre y apellido: emergencia humanitaria compleja. “Uno de los principales factores de este tipo de escenarios es que el actor que debería estar en condiciones de aportar las soluciones es precisamente quien las niega”, señala Jo D'Elía, responsable de la investigación sobre el estado de los derechos humanos en materia de salud para la organización no gubernamental Provea.
“Venezuela tiene todas las características de emergencias humanitarias complejas que ocurren en países que sufren problemas sistémicos, económicos y sociales”, coincide Marino González, investigador especializado en el área de políticas públicas de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Academia Nacional de Medicina. “Este tipo de situaciones no se relacionan con conflictos bélicos ni con catástrofes naturales”, aclara.
Las situaciones que se enmarcan dentro del concepto de emergencia humanitaria compleja suelen haberse gestado con lentitud durante mucho tiempo, añade D’Elía. “Son consecuencia de años de deterioro, que han desembocado en la desestructuración de las capacidades internas del país para ayudar a las personas en sus necesidades”.
En el área asistencial puede verse con claridad la forma cómo ha evolucionado el daño: el fracaso de la gestión pública que ha devenido además en un deterioro sistemático de los servicios de salud, indica. “El gobierno nacional no resolvió el problema de la fragmentación de las instituciones que deben dar respuestas a los problemas asistenciales y además montó un sistema paralelo que se financió por mucho tiempo con los recursos que debían ir al sistema público. Cuando se admitió el fracaso de Barrio Adentro ya no había manera de recuperar el sistema público”, afirma.
D’Elía coincide con Raffalli en que el declive de las condiciones de vida se ha acelerado y que el daño que causa está afectando de manera irreparable a un número incalculable de venezolanos, imposible de saber por el ocultamiento de las cifras que practica el gobierno. “Se han comenzado a registrar muertes de manera sistemática y lo peor es que podrían haberse evitado”, alerta.
Para ilustrar esta afirmación, añade, basta recordar el aumento en más de 65% de mortalidad materna y más de 30% de mortalidad infantil entre 2015 y 2016, cifras que se conocieron cuando el Ministerio de Salud publicó a principios de año los boletines epidemiológicos que habían estado silenciados durante meses. “Se trata de fallecimientos que son en su mayoría prevenibles y revelan una falta absoluta de control prenatal. Nos dicen que son las mujeres y los niños las víctimas de las decisiones estatales”.
La Encuesta Nacional de Hospitales también ha revelado que 60% de los servicios de salud están paralizados y que los que funcionan lo hacen en condiciones de precariedad. Entre 70% y 80% de los equipos médicos no están operativos. Más de 50% del personal de salud ha desertado.
A slow and progressive deterioration of the economic apparatus, as well as the capacity of the State to meet the basic needs of the population, endangers the survival of Venezuelans, especially the 51% who are part of the strata in greatest poverty. The government has been exceeded in its ability to deal with this scenario, so it will be imminent to accept international cooperation if you want to prevent further suffering, experts say. More than 4 million people without access to medicines, 1 million children under 3 years of age who do not eat as required, the increase in maternal and infant mortality figures and the massive displacements at the borders are evidence of a crisis that the government denies
Plunged in deep economic, political and health crises or devastated by violence, 17 countries will require the assistance of the international community in 2018. Venezuela is the only Latin American nation that makes up this list, which includes mostly African countries and in the Middle East, such as Libya, South Sudan, Syria, Yemen and Afghanistan, according to a report that was presented earlier this month by the non-governmental organization Acaps, which specializes in the analysis of the scenarios that characterize humanitarian emergencies.
In the Venezuelan case, the NGO bases its diagnosis on a review of the events that occurred in 2017, an explosive cocktail in which hyperinflation converges, the fall in economic income, the restriction of access to basic services, the erosion of democratic institutions and repression against public protests. For the next year, the survival of the population will be even more compromised, they say, due to the decomposition of government institutions, the worsening of economic conditions and the growing insecurity.
While the deterioration worsens and becomes evident to the observers, the government of Nicolás Maduro is still determined not to recognize it. "Venezuela is a thriving, hardworking country, it is not a country of beggars as some have claimed with humanitarian aid," the president said during a recent broadcast of his Sunday television program.
The specialist in food management Susana Raffalli, adviser of Cáritas de Venezuela, corrects the misunderstanding: when talking about humanitarian action is not talking about alms or solidarity, but a body of knowledge and actions that must be activated when damage occurs mass to the health and integrity of the population and human lives are lost.
"The food crisis became a humanitarian crisis when the first child died from malnutrition," he says. At this moment, in the scale of criteria that define this type of situation, the country has gone from the crisis to the humanitarian emergency, which is characterized because, in addition, the State lost the capacity to respond and assist those affected, that makes international aid urgent.
Raffalli indicates that a fact that serves as a thermometer of the intensity of what happens is the speed with which the indicators have worsened. "The sentinel monitoring carried out by Cáritas shows that we have 15.7% of children under 5 with acute malnutrition, but the worst thing is that in October there was 8%, that is, the number of children in these conditions doubled."
Complex problem The fact that government actors systematically deny the serious deterioration in the living conditions of the population gives the Venezuelan situation its first and last name: complex humanitarian emergency. "One of the main factors of this type of scenarios is that the actor who should be in a position to provide the solutions is precisely the one who denies them," says Jo D'Elía, head of the research on the state of human rights in the field. of health for the non-governmental organization Provea.
"Venezuela has all the characteristics of complex humanitarian emergencies that occur in countries that suffer systemic, economic and social problems," agrees Marino González, a researcher specializing in the area of public policy at the Simón Bolívar University and a member of the National Academy of Medicine. "These types of situations are not related to wars or natural catastrophes," he says.
The situations that are framed within the concept of a complex humanitarian emergency have usually been slow to develop for a long time, adds D'Elía. "They are the result of years of deterioration, which have led to the dismantling of the country's internal capacities to help people in their needs."
In the healthcare area, the way in which the damage has evolved can be clearly seen: the failure of public management that has also resulted in a systematic deterioration of health services, he says. "The national government did not solve the problem.