Regulador financiero de Texas exhorta orden de cese y desista a tres esquemas ilícitos de criptomonedas

El regulador de Valores del Estado Texas exhortó orden de cese y desista en contra de tres esquemas ilícitos que supuestamente estaban estafando a inversores locales con criptomonedas.

La primera orden de cese y desista fue emitida por el comisionada Travis J. Iles en contra de la compañía ‘Coins Miner Investment Ltd.’, la cual alegaba estar ofreciendo inversiones en representación al exchange de criptomonedas Coinbase.

La compañía también hizo uso de imágenes engañosas, como la de la supuesta afiliada Ana Julia Lara, quien Coin Miner alegó se había encontrado con el presidente de Ripple; esto, por supuesto, para darle mayor credibilidad a la empresa. Lara también afirmó que trabaja para Coinbase como una agente de intercambios, lo que no es verídico.

La segunda casa de cambio acusada es DGBK Ltd. o DigitalBank, que buscaba fondos a fin de desarrollar una billetera de criptomonedas a prueba de hackeos. Su oferta se sustentaba en unos supuestos planes de equidad de la firma, que les garantizaban a los inversionistas retornos de hasta 1.900%.

De acuerdo con las declaraciones de la directora del DigitalBank, Ranca Romic:

Recién recibimos mensajes de correo electrónico de personas que podrían estar interesadas en invertir en el futuro. El plan era volver con esos inversores potenciales en el momento en que completemos el desarrollo y cooperación con una empresa de inversión que organizará legalmente la ICO.

La tercera y última firma acusada se hace conocer como ‘Ultimate Assets’, la cual alega estar localizada en Arlington, Massachussets, y se encontraba solicitando fondos de los residentes de Texas, a fin de ofrecer un servicio de intercambio Forex.

Según las autoridades, el ‘Ultimate Assets’ es una institución fantasma, sin presencia física en el estado y si registros comerciales verificables. Aún así, su oferta de retorno ascendía a unos $10.000 dólares por cada $1.000, tras solamente tres semanas.

Las empresas acusadas aún no han respondido a las órdenes de las autoridades; asimismo, la Comisión no ha dado declaraciones de futuras medidas por tomar.