El problema de la seguridad y la privacidad en el ciberespacio no es sencillo, en tanto tiene varios elementos que suman para que se genere el problema.
En primer lugar debemos entender que el uso de las redes sociales es equivalente a lo que por muchos siglos significó pararse en una plaza pública o escribir un folleto para expresar opiniones sobre cualquier cosa. La complicación actual viene dada porque el público es amplio, global y -en buena medida- anónimo, además de que lo que se comparte en redes sociales queda registrado y accesible para quien esté interesado y sepa buscarlo (empresas, gobiernos, criminales). Por otro lado, el avance tecnológico siempre ha generado nuevas amenazas y necesidades para las personas y los gobiernos de generar mecanismos de protección.
Como ya dijeron otros participantes del debate, es importante tomar conciencia de lo que se comparte. Normalmente nadie se pondría a comentar recetas en una entrevista de trabajo, o a comentar intimidades en una reunión escolar; pero eso es lo que hacemos en redes sociales, donde el público que nos sigue no está segmentado.

Dicho esto paso a comentar las preguntas planteadas:

¿Se justifica la invasión a la privacidad por parte de los gobiernos?: No, hay maneras de prevenir y responder a las amenazas. La posibilidad de acceder a las conversaciones y datos privados deberían estar justificadas en una sospecha de que exista una amenaza real, y para eso deben coincidir los las fuerzas policiales con los entes judiciales que autoricen y limiten esta acción. También -insisto- debemos ser más cuidadosos en lo que autorizamos a que sea divulgado, ya que las empresas podrían incluir en sus condiciones de uso alguna cláusula que permita la divulgación.

El respeto a la privacidad puede tener sus límites, como todo derecho en nuestra concepción de la sociedad. No se puede partir de sospechar de todos o de un grupo (étnico, político, religioso) para intervenir, debe haber mecanismos jurídicos que permitan acceder a estos datos sólo cuando sea pertinente, tal como pasa con otros medios de comunicación o espacios supuestamente privados. Actualmente los órganos de justicia pueden pedir datos bancarios o de comunicaciones telefónicas, siempre con justificaciones y elementos que indique que es necesario ahondar una investigación.

Personalmente no creo haber despertado mayor interés en redes sociales para considerarme "vigilado", más allá del uso general que se hace de la Big Data para fines de manipulación comercial y propagandística.