En las siguientes semanas, se espera que se apruebe en el Congreso Nacional un nuevo recorte para el sector de la ciencia y técnica, afectando diversos sectores del ámbito académico, pero también aquellos sectores abocados a satisfacer los requerimientos de la matriz productiva industrial y rural en todo el país. La franca desinversión en el área, sumada la ausencia de una política de estado científico y tecnológica lleva a profundizar la asimetría existente entre los países latinoamericanos con los países llamados “centrales”, llevándonos a una dependencia tecnológica aún mayor y afectando directamente nuestra soberanía. En este contexto, la Agrupación Rolando García participó de la audiencia pública contra el ajuste y las privatizaciones en ciencia y tecnología celebrada en el edificio de la Cámara de Diputados de la Nación.

_{(30 noviembre, 2017) Junto a diversas organizaciones gremiales en el Anexo de la Cámara de Diputados denunciamos el ajuste presupuestario para el 2018}

En números, el conjunto de organismos involucrados en funciones de ciencia y técnica recibirían en presupuesto para el año 2018, un total de $ 35.490 millones, frente a los $34.777 millones que fueron presupuestados para este año. Esto representa una variación nominal de 2,1% y una variación real, si tenemos en cuenta una inflación proyectada del 16%, de un recorte del 13,9%. El MINCYT, que comprende a CONICET y Agencia, recibiría $19.217 millones, frente a los $16.568 millones que recibió para este año, representando un aumento nominal del 16,3% y de sólo un 0,3% real. Si se tiene en cuenta que la inflación acumulada este año es de más del 20% cuando las proyecciones del gobierno suponían un máximo de 17%, estos montos causan aún mayor preocupación e incertidumbre en todo el sector.

Pero, ¿cómo se refleja este recorte presupuestario en los principales organismos de ciencia y técnica? Lxs delegadxs de ATE de las principales instituciones vinculadas al desarrollo de la ciencia y técnica en el país nos informaron sobre cómo pesan estos números, y cuales son los cambios en las políticas de cada sector que acompañan este recorte.

INTl

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ya se viene denunciando la desarticulación de todos los programas dedicados a la transferencia tecnológica a la base social, por medio de remoción de la Gerencia Tecnológica para la demanda social, dejándose de lado a los pequeños productores, las economías recuperadas, economías populares y familiares. Sectores claves de control y certificación de áreas sensibles y que involucran una gran facturación, como el área de licencias de configuración de modelos (LCM) y los certificados de homologación de autopartes de seguridad (CHAS), fueron intervenidos y muchas de sus competencias cedidas al Ministerio de Producción, entregándole potencialmente también estas funciones al sector privado, quedando el INTI relegado de sus funciones y desplazado como organismo de referencia. El área de metrología legal (fuente de gran facturación para el organismo, con unos $9 millones mensuales) también sufrió una pérdida en la exclusividad de sus funciones, comprometiendo no solo la incumbencia del organismo sino también la propia financiación del organismo y las fuentes de trabajo dependientes de estas funciones.

El presupuesto previsto para el 2018 es de un incremento de 9,4% nominal, que en términos reales representaría un recorte del 6,6%. Más preocupante aún es la reducción del 13,2% en el ítem transferencia al sector privado, donde se contemplan los sueldos de trabajadorxs contratadxs (más de un 80% en este organismo), por lo que se prevén despidos, ajustes salariales y pases a retiro.

En cuanto a sus centros de investigación, se implementarán fuertes políticas de reestructuración en las unidades dedicadas a la investigación, proponiendo la permanencia de solo aquellos laboratorios conformados por un jefe o jefa y seis trabajadorxs, lo que implicaría el cierre de aquellos laboratorios que no cumplan con este requisito. Por ejemplo, el Centro de Electrónica e Informática pasaría de 6 unidades técnicas con 11 laboratorios a 4 unidades con 8 laboratorios, cortando con líneas de investigación y desarrollo históricas para el organismo. Uno de los laboratorios que cerraría es el de los ensayos de equipos electromédicos.

INTA

En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) actualmente se está llevando a cabo el reclamo de $340 millones para anticipar el déficit de gastos en funcionamiento previsto en el presupuesto 2018, ya que el leve incremento presupuestario (un estimado de 6% real) no serían suficientes para cumplir con las partidas presupuestarias relacionadas con el funcionamiento de la institución (combustible, móviles, insumos de laboratorio, luz, etc.). Las áreas de investigación y desarrollo para la ganadería, agricultura y forestación que se verían afectadas son las relacionadas con la transferencia de tecnología de extensión rural para el apoyo al desarrollo territorial asociado al sistema agropecuario, agroindustrial y agroalimentario. Serían también suspendidos los relevamientos de datos en ensayos y series históricas de mediciones, indispensables para definir un modelo productivo de país e involucrados también en alertas climatológicas y sanitarias. También está previsto suspender mediciones relacionadas con el cambio climático, efecto de gases invernadero y evaluación de organismos genéticamente modificados durante la campaña, así como también observaciones de degradación de tierras y desertificación de suelos en la región patagónica y cordillerana.

Frente a este panorama, y por la disminución de la carga de tareas, se verán comprometidos entre 750 a 1500 puestos de trabajo.

CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sufriría un recorte de un 36%, por lo que la mayoría de desarrollos de la CNEA no tendrán presupuesto alguno. Entre ellos se incluyen los grandes proyectos como el CAREM, que es una central nuclear modular de baja potencia que tiene como finalidad suministrar energía a poblaciones remotas o desalinizar agua de mar a bajo costo y con facilidades para su exportación, el RA-10, un reactor de investigación multipropósito de avanzada a nivel mundial que permitiría abastecer al mercado latinoamericano de radioisótopos y posicionándonos como uno de los principales exportadores mundiales, y la suspensión de la instalación de decenas de centros de diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.

A esto se le suma la transferencia de las acciones de DIOXITEK S.A. de CNEA al Ministerio de Energía y Minería a través del decreto 882/2017 para su privatización. Esta empresa fabrica el polvo de dióxido de uranio para la fabricación de combustible nucleares y las fuentes de cobalto 60 para aplicaciones médicas e industriales, y su privatización es la entrega de patrimonio del estado en medio de una fuerte inversión pagada por todos los argentinos para la construcción de una nueva planta de producción de dióxido de uranio en Formosa.

Los recortes de presupuesto también incluirán recortes salariales, siendo el ejercicio proyectado para el 2018 similar al 2017. Este congelamiento salarial, sumado al atraso que llevan respecto a otros sectores, limitan seriamente la carrera profesional dentro de la institución. El futuro de lxs trabajadorxs precarizadxs (más de un 50%) es incierto.

CONICET

En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), actualmente un 96% del presupuesto se destina a salarios, dejando solamente un 4% para funcionamiento. Respecto al ingreso a la carrera de investigador científico (CIC), se planea incorporar nuevamente unas 450 personas, siendo que se registraron unas 2000 solicitudes, cuando el plan Argentina Innovadora 2020 contemplaba un ingreso de 1155 investigadorxs a carrera para el 2018. Se verán también reducidos los ingresos a personal de apoyo, perjudicando el funcionamiento de las unidades ejecutoras, es decir, institutos. Está previsto encarar el desarrollo de un plan estratégico de esta institución, aunque desarticulado de los demás sectores productivos.

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Desde la Agrupación Rolando García, en la creencia de que no es posible un desarrollo y soberanía nacional sin una CyT al servicio de las necesidades de nuestro pueblo como política de estado, nos sumamos al reclamo de ATE, JCP y otras agrupaciones y organismos por un aumento presupuestario inmediato para el 2018, pase a planta de todos lxs precarizadxs, no a los despidos, retiros voluntarios y reubicaciones, aumento salarial acorde a la canasta familiar, reapertura de las paritarias, no a la reforma laboral, no a la intromisión del Ministerio de Modernización y no a la entrega de soberanía a la que nos arrastra la política neoliberal sostenida por el actual gobierno de la alianza Cambiemos.

_{Contacto: larolandogarcia @ gmail.com (sin los espacios)}