¿Qué está sucediendo realmente en Cataluña?

Los líderes de la independencia dejaron el referéndum en manos de la población general, que tuvo que enfrentarse solo a la respuesta de la policía.
Si bien las imágenes de la policía española parando a los votantes catalanes el domingo merecen una atención seria, necesitan ser contextualizadas si queremos entender lo que ha sucedido en España y en la Unión Europea en los últimos días. Que es lo que intento hacer aquí tan brevemente como sea posible.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la policía no actúa por órdenes del gobierno central, sino de la judicatura. La policía estaba impidiendo que se celebrara un referéndum de independencia por orden de un juez porque se decidió que violaba la Constitución, que no reconoce el derecho de una región autónoma a tomar una decisión unilateral de romper.
Es cierto que las palabras "derecho a la autodeterminación" y "derecho a decidir" son razonables en los tipos de democracia moderna que existen en los Estados Unidos o en Europa, pero deben colocarse dentro del marco legal de cada país.
Los activistas por la independencia han reclamado el derecho a celebrar un referéndum de independencia durante años, pero las consecuencias de dicho referéndum deben tenerse en cuenta. Lo más grave es que considerarían un voto "sí" vinculante y que afectaría a todos los catalanes, incluso a los que se sienten españoles.
¿Cuántos se sienten españoles? En las últimas elecciones, los partidos catalanes por la independencia (la coalición Junts x Sí y el partido radical CUP) obtuvieron 1.975.348 votos de un censo de 5.510.798. En otras palabras, de todos los catalanes con derecho de voto en Cataluña, el 35% optó por un partido independentista u otro.
En varias ocasiones, los activistas por la independencia han tratado de celebrar un referéndum negociado como en Escocia y Quebec. Sin embargo, los partidos políticos dominantes en España han dicho que no. El Partido Popular de centro-derecha, que actualmente está en el poder en el gobierno central, sostiene que un referéndum sobre la autodeterminación es ilegal, entre otras cosas porque Cataluña ya es casi totalmente autónomo tal como es.
Los catalanes ya manejan su propio sistema penitenciario, su policía, educación y salud. En cuanto a la tesorería, controlan la recaudación de impuestos mientras que la redistribución de los fondos públicos es controlada por el gobierno central. En términos generales, Cataluña es una de las regiones más autónomas de toda Europa.
El otro partido principal en España, el Partido Socialista de oposición (PSOE), cree que debe celebrarse un referéndum que involucre a todos los españoles, no sólo a los catalanes. En otras palabras, cree que el Congreso debería acordar reformar la Constitución de 1978 de manera que convertiría al sistema regional español en una federación de estados y que esto debería votarse a nivel nacional. Hasta ahora, el PP ha resistido a proponer esta opción a los líderes catalanes.
Lo que sí es cierto es que si Cataluña declarara la independencia, España tal como la conocemos dejaría de existir, ya que hay otras regiones como el País Vasco y Galicia con fuertes movimientos nacionalistas que probablemente seguirían su ejemplo.
También debe tenerse en cuenta la persecución sistemática de los dos partidos principales por la organización terrorista ETA que mató a 829 personas -incluyendo numerosos profesores, políticos y policías- en nombre del nacionalismo vasco desde 1958, cuando Franco todavía estaba en el poder, hasta 2010 .
Cataluña nunca ha sido un Estado independiente. Fue parte del Reino de Aragón cuando Aragón se unió al Reino de Castilla en el siglo XV. Comparte una lengua y cultura con otras regiones autónomas - Valencia y las Islas Baleares. Muchos líderes pro independencia proponen que estas otras regiones se unan a Cataluña para hacer los "països catalanes", algo poco probable que suceda dado que estas otras regiones se sienten fuertemente españolas.
Frente a la negativa del PP y del Primer Ministro español Mariano Rajoy a celebrar un referéndum en Cataluña, los activistas por la independencia aprobaron una ley que les permite celebrar un referéndum unilateralmente y otro en el que el proceso de proclamar una república estaba detallado. En esta votación, las partes que se oponen a la independencia, que ocupan 63 de los 135 escaños, se abstuvieron de votar y el gobierno central puso el asunto en manos del Tribunal Constitucional, que ordenó a la policía impedir que prosiguiera el referéndum.
El gobierno central podría haber recurrido al artículo 155 de la Constitución, que le permite asumir los poderes del gobierno regional catalán en caso de desobediencia. Pero no lo hizo.
Varias advertencias fueron emitidas en el período previo al referéndum apelando a los líderes pro-independencia para cancelarlo. El gobierno central, la oposición socialista e incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, los llamaron al orden. Todo lo anterior expresó respeto por la ley y la Constitución española. A pesar de ello, los dirigentes catalanes decidieron proseguir con su agenda. Dijeron que la votación tendría lugar. Publicaron el censo en Internet. Eligieron las escuelas que actuarían como mesas de votación. Permitieron que grupos de voluntarios ocultaran las urnas y organizaran el voto. Varios votantes independentistas organizaron fiestas del pijama con niños en las escuelas para ocuparlas.
En resumen, los dirigentes de Cataluña dejaron el referéndum en manos de la población en general, que tuvo que enfrentarse solo a la respuesta de la policía. ¿Qué podría ser mejor para estos líderes pro independentistas que las imágenes de disturbios y policías que toman las urnas por la fuerza, que es exactamente lo que sucedió?
Cataluña tiene su propia fuerza policial, los Mossos de Esquadra, que ahora está bajo investigación por desobediencia. Estaba bajo las órdenes de la Corte Constitucional para desalojar las escuelas - para ir a cada escuela y asegurarse de que la votación no tuvo lugar. Los jefes de los Mossos de Esquadra dijeron que lo hicieron, pero las imágenes del domingo muestran una historia diferente. Aparecieron en las escuelas, entregaron un pedazo de papel y se fueron.
Por eso se envió la Policía Nacional y la Guardia Civil, sólo para ser recividos por barricadas humanas, algunas de las cuales fueron disueltas por la fuerza. Armados con las imágenes resultantes, los líderes independentistas han sostenido que hubo casi 900 heridos y están pidiendo a la UE ya las Naciones Unidas que intervengan contra el autoritarismo español. Según Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC): "No ha habido este número de lesiones desde la Segunda Guerra Mundial".
Lo que realmente ocurrió fue que los servicios locales de salud atendían a 893 personas, la mayoría de las cuales habían sufrido un ataque de pánico o una lesión menor de algún tipo. Así que la cifra fue exagerada. Sólo hubo un caso grave de hospital y eso se debió a un ataque al corazón. Otro fue ingresado en el hospital con una lesión ocular. Según el gobierno español, 33 policías resultaron heridos en el desempeño de sus funciones.
Es falso, como afirman los dirigentes catalanes, que esta es la peor violencia en Europa desde hace décadas. Hay algunos ejemplos muy recientes que son mucho peores, como la represión contra las multitudes que protestaban contra la cumbre del G20 en Hamburgo en mayo pasado, cuando cientos de personas resultaron heridas por la policía usando gas lacrimógeno y cañones de agua. En Francia, en 2005, tres civiles murieron y casi mil resultaron heridos en enfrentamientos con la policía; por no mencionar las medidas represivas empleadas por varios gobiernos, como el gobierno húngaro, actuando contra inmigrantes que intentaban cruzar su país para llegar a Alemania, hiriendo a cientos de personas.
Es importante añadir que el partido que ahora lidera la coalición independentista ha estado en el poder durante décadas en Cataluña y que, según recientes conclusiones, es culpable de establecer sistemas ilegales de financiación a través de comisiones ilegales del 3% en proyectos públicos. Muchos de sus líderes, incluido el ex presidente, Jordi Pujol, están bajo investigación o ya están en prisión.